Ley peruana sobre el derecho de autor. Propuestas para ampliar el préstamo público en bibliotecas

Actualmente más de 10 proyectos de ley buscan modificar la normativa peruana de derechos de autor. Algunos de ellos revisan el capítulo de excepciones a la protección, incluyendo el inciso relacionado al préstamo bibliotecario. La novedad importante para la comunidad bibliotecaria es se podría aprobar el amparo para realizar préstamos (a domicilio) de obras audiovisuales o sonoras sin requerir permiso a los titulares de las obras a prestar.

En nuestro país el préstamo público es un derecho exclusivo del titular de una obra intelectual, como una forma de distribución.  Este es quien tiene la facultad de autorizar o no esta forma de préstamo, que a su vez tiene que ser sólo por un tiempo limitado y sin fines lucrativos.

Afortunadamente, este derecho de explotación es restringido por la propia legislación. La excepción aparece en el artículo 43, inciso f del Decreto Legislativo (DL) 822:

Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor: El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.

Hay que anotar que a diferencia de otras excepciones en la misma ley, no se menciona la exoneración de pago a los titulares. Así queda el margen para que una normativa posterior exija una retribución compensatoria a los autores, si las instancias correspondientes determinan que el préstamo interfiere con la explotación normal de las obras.

Asimismo, esta excepción está sujeto a una interpretación restrictiva, como todo límite a la protección intelectual que aparece en nuestra legislación. Por ejemplo, el préstamo a domicilio de un manuscrito que nunca llegó a ser publicado no es viable sin autorización de los titulares, pese a que forme parte de la colección de una biblioteca sin fines de lucro. La ley enuncia que la excepción solo es permitida para con material ya divulgado lícitamente, es decir, publicado. La aplicación del decreto debe ser literal.

El gran problema del inciso ha sido su limitación exclusiva a obras impresas. Volvió ilegal el préstamo a domicilio de obras audiovisuales y sonoras que ya ofrecían algunas bibliotecas. Así, luego de la norma emitida en el año 1996, podías tener eventualmente a una Oficina de Derechos de Autor (ahora Dirección de Derecho de Autor) del INDECOPI sancionando bibliotecas por ofrecer préstamos de casetes o discos compactos.

Casi 18 años han pasado. En el camino el Perú se ha adherido a los tratados sobre derechos de autor (WCT) y sobre interpretación y fonogramas (WPPT). A su vez, se suscribió un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que incluía un polémico capítulo de propiedad intelectual. El DL 822 ha sido modificado como consecuencia de los compromisos internacionales asumidos, donde se ha optado por ampliar las protecciones a favor de los creadores y titulares, con un casi nulo esfuerzo en favor de consumidores o instituciones culturales. Así, se ha hecho poco para revisar los problemas que contienen la lista de excepciones o confrontarlas con los actuales usos efectivos de tecnologías. Sin embargo, en los últimos meses se ha presentado una reacción legislativa, que busca superar algunos vacíos o debilidades de la norma, incluyendo la revisión a la excepción para el préstamo bibliotecario. Sigue leyendo

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Termina la sesión 26 en el Comité de Derecho de Autor de la OMPI

Culminó la sesión 26. Los resultados muestran las marcadas diferencias que hay entre las delegaciones sobre los temas a priorizar dentro del Comité. En el contexto de la discusión por un instrumento de excepciones a favor de bibliotecas y archivos, la mayor novedad es la decisión de actualizar el estudio sobre limitaciones y excepciones preparado por Kenneth Crews en el 2008. 

Fueron tres los temas principales de trabajo, cada uno en torno al desarrollo de un instrumento legal internacional o tratado: protección para organismos de radiodifusión, excepciones para bibliotecas y archivos, excepciones para instituciones docentes y de investigación. Los delegados estuvieron de acuerdo que hubo avances en los dos primeros, mas no en el tercero.

En vista de las posiciones marcadas, las reuniones del Comité se han vuelto un espacio contencioso donde se pelea la priorización de temas. Esto se evidencia por ejemplo al negociar la cantidad de tiempo que se le va a dedicar a cada tema en las sesiones del próximo año. Países como Sudáfrica o Brasil demandaron una distribución de tiempo por igual de cada uno de los temas, mientras que la Unión Europea o Japón buscaron conseguir la mayor cantidad de días para la discusión del texto de los organismos de radiodifusión, negándose ademas a aceptar una próxima reunión entre sesiones para solo discutir las excepciones para bibliotecas.

Al final se acordó en ir paso a paso. Se decidió la distribución de días solo para la sesión 27: 2 días y medio para la protección de los organismos de radiodifusión, 2 días para las excepciones (tanto para bibliotecas y archivos como para  instituciones docentes y de investigación) y medio día para las conclusiones y para decidir si se realiza la reunión entre sesiones ya mencionada.

Con esta reducción de días surge la interrogante sobre el ritmo de los avances en el texto de las excepciones para bibliotecas y archivos. Como lo expresó el delegado de Argelia, esta reducción en el tiempo conllevará a resultados de poca calidad.

Y es que hay una presión importante de países desarrollados para orientarse más bien hacia un tratado de protección de organismos de radiodifusión para el 2015 . Y con todo, la agenda se amplía: las conclusiones de la sesión dan cuentan de la intención de explorar el desarrollo de excepciones al derecho de autor para el caso de los museos. Por el momento, se ha requerido el desarrollo de un estudio exploratorio en ese sentido.

Excepciones para bibliotecas: avance lento

Hay marcadas diferencias sobre la naturaleza del instrumento legal que pueda apoyar el trabajo de bibliotecas y archivos. Países como Ecuador, Brasil o India sosteniendo la necesidad de un tratado que pueda asegurar limitaciones mínimas y acorde a los tiempos en los países miembros. Mientras, las delegaciones de la Unión Europea entendiendo que el actual marco legal internacional es suficiente y que más bien hay que reforzar la asesoría técnica y la transmisión de buenas prácticas para que los países en vías de desarrollo puedan actualizar su normativa interna en conformidad a mecanismos legales ampliamente reconocidos como el criterio de los tres pasos. 

El documento de trabajo por las excepciones para bibliotecas y archivos cuenta con 11 temas de trabajo . Durante la presente sesión solo se avanzó con 4 de los temas: preservación, derecho de reproducción y ejemplares de salvaguardia, depósito legal y préstamos bibliotecario.  En el caso del primer punto, las conclusiones de la sesión expresan que esta actividad podría permitir el reemplazo de obras protegidas en algunas circunstancias. El condicional “podría” refiere a la resistencia de algunas delegaciones (países miembros de la Unión Europea fundamentalmente) sobre en qué escenarios no es aceptable otorgar esta limitación. Por ejemplo, para la preservación de registros históricos.  

Se ha reconocido también que falta evidencia actualizada y sistematizada sobre el marco legal de excepciones en los países miembros de OMPI.  El conocido estudio encargado a Kenneth Crews data de hace 5 años y en vista de las reformas legales en derechos de autor que se ha llevado a cabo (o se lleva) en varios países, el Comité ha decidido requerir su actualización.

La próxima sesión del Comité se realizará en Abril.

Cobertura adicional

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El debate sobre las excepciones para bibliotecas y archivos en OMPI. Sesión 26

Hoy comienza la sesión 26 del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  La agenda incluye la discusión de un posible instrumento internacional que permita asegurar excepciones al derecho de autor a favor de bibliotecas y archivos. Estemos atentos al apoyo que recibe el proceso de parte de nuestros representantes nacionales. 

La preocupación por las excepciones en el trabajo del Comité se ha instaurado lentamente en los últimos 10 años, a iniciativa de algunos países de América Latina y África.  Parte de la tarea ha sido reconocer las diferencias y semejanzas jurídicas entre los países miembros sobre qué tipo de actos o situaciones se consideran susceptibles de recibir un trato diferenciado en caso haya uso de obras intelectuales protegidas, tomando en consideración un contexto donde cada vez más se comparte información de forma transnacional a través de plataformas de comunicación o mercados digitales.

Así se han publicado estudios que identifican el estado de estas excepciones por temas y regiones del mundo. Los resultados han permitido mostrar las divergencias, la consecuente incertidumbre jurídica, la falta de actualización en los catálogos de actos y la necesidad de reforzar la protección de algunas instituciones donde la prioridad sea el acceso al conocimiento, como es el caso de bibliotecas y archivos. 

Ahora el Comité está en pleno proceso de identificación de las excepciones mínimas que deberían ser obligatorias o en todo caso servir como referencia para que los estados miembros adopten dentro de sus legislaciones. Hay que recordar en ese sentido que el trabajo del Comité tuvo un hito este año con la aprobación del Tratado de Marrakesh, donde se establecen facilidades para que personas con discapacidad visual  puedan acceder a obras protegidas por derecho de autor.  Por los demás, actualmente hay dos líneas de discusión: por un lado las excepciones para las bibliotecas y archivos,  y por otro, las excepciones en favor de las actividades de educación e investigación.  

Sin embargo, a su vez, es posible que en esta sesión no haya avances óptimos en ninguno de los dos debates de interés. Hay una posición dentro del Comité que busca extender la protección de derechos de los organismos de radiodifusión, en un contexto donde sistemáticamente se comente infracciones en Internet cuando terceros retransmiten sin permiso espectáculos o eventos cubiertos por estos organismos. La discusión en ese sentido girará sobre la justificación de esta ampliación en la protección y el derecho al acceso a estas retransmisiones de parte de los usuarios de Internet.

En caso el Comité decida priorizar la eventual elaboración de un tratado a favor de los organismos de radiodifusión conllevaría a seguir postergando un instrumento internacional en favor de las bibliotecas. Pidamos entonces a nuestros respectivos representantes nacionales que tomen partido y urgencia por una agenda que fortalezca los mecanismos de acceso a conocimiento a través de instituciones como las bibliotecas.

Una invocación especial para el representante de Perú, Martín Moscoso, Director de la Dirección de Derecho de Autor  del INDECOPI. El marco legal de excepciones en favor de las bibliotecas en el país no ha sido el ideal, como se lo ha mostrado la comunidad bibliotecaria en tiempo oportuno. Sin embargo, ahora se tiene la oportunidad de apoyar un proceso que influiría favorablemente, ya que permitiría contar con un catálogo de actos legítimos que se podría introducir como excepciones a nivel local. Además, hay un sentido de urgencia. Estamos a punto de firmar un acuerdo transpacífico que amplía en exceso  la protección a los creadores y titulares de obras intelectuales, sin mayor consideración para los usuarios de dichas obras. La recuperación del equilibrio necesario pasará por apoyar de forma proactiva procesos que justamente ayuden a fortalecer instituciones que privilegien el acceso al conocimiento a peruanos y peruanas. 

Documentos adicionales:

  • Documento actual de trabajo con comentarios para un instrumento internacional de excepciones para bibliotecas y archivos (Link)
  • Un repaso más detallado sobre el trabajo realizado por algunos países miembros para ampliar el debate sobre las excepciones en SCCR en Digital Rights LAC
  • ¿Por qué una reforma al derecho de autor en OMPI? La Federación Internacional de Bibliotecas – IFLA explica
  • En Colombia, la sociedad civil le pide a su representante nacional que apoye el eventual tratado en favor de las bibliotecas a través de esta petición
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Colombia. Expedientes electrónicos como esfuerzo convergente

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha elevado a consulta pública la propuesta de lineamientos para el uso de medios electrónicos en entidades públicas. El mismo involucra la participación especializada del Archivo General de la Nación.

El decreto reglamentaría el Título IV del Código de Procedimiento Administrativo colombiano, que refiere a la utilización de medios electrónicos en el marco de los procedimientos administrativos. En un contexto mayor, el instrumento forma parte del paquete normativo promovido por la estrategia Gobierno en línea, cuyo objetivo es la construcción de un Estado colaborativo.

En esencia, los lineamientos ofrecen definiciones y parámetros para cumplir con trámites administrativos a través de medios virtuales. Los procesos descritos incluyen darse de alta en las bases de datos de las entidades públicas y la recepción de notificaciones electrónicas, así como la incorporación de actividades archivísticas dentro del ciclo de vida de los expedientes electrónicos, como el foliado, el índice electrónico y la conservación.

El Ministerio de Tecnologías de la Información estaba designado como responsable de ofrecer los lineamientos. Pero lo cierto es que la presente propuesta también deja en claro que los procesos archivísticos para el tratamiento de documentos electrónicos -como la valoración documental y el establecimiento de estándares en la gestión documental- son responsabilidad del Archivo General de la Nación.

Sobre este último punto tomemos nota en Perú. Por normativa, estructura y ejecución, tanto la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y el Archivo General de la Nación han ido por caminos separados. Como el ejemplo en Colombia lo indica, la gestión de documentos electrónicos públicos debe motivar la convergencia. Una tarea que necesita la voluntad articuladora de la Secretaría de Gestión Pública (la responsable de la estrategia de  modernización de la administración), así como el interés y capacidad de los organismos involucrados.

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