Archivo de la categoría: Informacion pública

Nuevo proyecto de ley que sanciona funcionarios por no cumplir con requerimientos de información

Se ha presentado un proyecto de ley que involucra sanciones a funcionarios públicos por no atender pedidos de información del Congreso de la República.

El proyecto propone modificar el artículo 377 del código penal. Este artículo está relacionado a los delitos cometidos por funcionarios en casos de demora u omisión de actos funcionales. El objetivo del proyecto es añadir penas para los servidores que no cumplan con proveer información requerida por el poder legislativo, como parte de su función fiscalizadora.

La exposición de motivos remarca un vacío legal: si bien la constitución política y la ley de transparencia remarcan la facultad congresal para solicitar información a funcionarios investigados, no hay un desarrollo normativo adicional que detalle cuáles son las responsabilidades que asumen quienes no cumplan con proveer la documentación requerida. A falta de sanción, falta de obligación: las solicitudes no constituyen mandatos en la práctica.

El rango de sanciones propuesto va de cuatro a seis años y la inhabilitación en conformidad con el marco legal. Ciertamente, el proyecto no establece diferencias de sanciones dependiendo de la intensidad de la falta. Son casos distintos cuando el funcionario solo entrega información parcial a cuando rechaza de plano entregar cualquier tipo de material. En todo caso, el proyecto asigna al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo la facultad de formular denuncia a los servidores involucrados, y por ende proponer la pena merecida.

Hay que recordar que la falta de sanción es una de las razones por las que no se cumple del todo con la vigente ley de transparencia y acceso a la información. El proyecto de ley es una respuesta desde el plano penal, mientras que la Defensoría ha elaborado un anteproyecto de ley para la creación de una autoridad autónoma que justamente tenga la capacidad para fiscalizar y sancionar administrativamente a los funcionarios que no cumplan con la ley de acceso a la información.

El proyecto de ley fue presentado por Cristóbal Llatas Altamirante, integrante de la Bancada Nacionalista-Gana Perú. La propuesta será desarrollada en el marco de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

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TPP: información y protección solo para algunos

Hace unos días, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) brindó en su país una charla informativa a propósito de la 15 ronda de negociación para la firma del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico (TPP). La reunión estaba dirigida a organizaciones no gubernamentales no vinculadas al sector industrial, es decir, a quienes están siguiendo esta negociación desde la preocupación por una normativa que restringa derechos ciudadanos como el acceso a la información en los países que suscriban el acuerdo.

Recordemos que Perú va a ser uno de los países miembros en el acuerdo. Recordemos también que estamos hablando de un tratado cuyo proceso de negociación ha sido oscuro, y donde existe el riesgo de que endurezca las normas de propiedad intelectual, las mismas que podrían afectar nuestra capacidad de maniobra en el quehacer de políticas públicas, como el acceso igualitario a medicinas y acceso al conocimiento.

Dos apuntes luego de revisar este reporte de la reunión:

  • Se mantiene el desprecio de los negociadores americanos por las ONGs no cercanas a los lobbies sectoriales. No cuentan con el mismo trato y acceso a la información sí disponible para los representantes de los agentes económicos interesados en que el tratado se firme. Es cierto que esta reunión puede ser un signo de mejora, pero lo concreto es que la USTR lo hace desde la parquedad y luego de todo un proceso donde estas organizaciones han estado presionando por recibir más información.
  • Los invitados sacaron algo de carne, aunque sin sorpresa alguna. El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo no contempla excepciones para personas invidentes. Es decir, no se facilitaría la importación paralela o la exportación de bibliografía adaptada al lenguaje Braille sin que previamente se pague por derechos de autor, no importa si es para beneficio exclusivo de población vulnerable. Esta es una evidencia más de que estamos a punto de firmar un acuerdo que impondrá una normativa más rigurosa contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual pero que no desarrolla de forma balanceada las limitaciones y excepciones a estos derechos.

Un acuerdo oscuro y con riesgos para el desarrollo de políticas públicas vinculadas al  acceso al conocimiento. En ese proceso estamos

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Dinamarca: reforma en la gestión de registros públicos

[Notas de la lectura Good Basic Data for Everyone – A Driver for Growth and Efficiency. La estrategia en conjunto del gobierno central y gobiernos locales de Dinamarca para la gestión y publicación de datos públicos primarios].

Contexto: Gobierno danés oficializó en octubre que los datos públicos primarios serán publicados para uso libre de los ciudadanos y la empresa privada.

Contexto: La presente estrategia para la gestión de datos públicos forma parte de la estrategia de gobierno electrónico danés 2011-2015

Disclaimer: El documento se refiere al objeto de la estrategia como basic data, la que prefiero traducir como datos públicos primarios. También se podría traducir como registros públicos primarios.

El plan explica las razones por las que es necesario contar con una plataforma única de datos primarios dentro del estado. La idea es que esta implementación facilite la experiencia de administración pública no solo dentro del cuerpo de funcionarios sino también para ciudadanos y empresarios. Ciertamente los valores de apertura y reutilización son resaltados y no están disociados del plan de gestión de datos. [Pese a ello, Andrea Di Maio entiende que este plan es sobre gestión estricta de datos antes que sobre datos abiertos].

El documento está pensado para el público en general. Se incide en las explicaciones de por qué es necesaria una plataforma única desde los gráficos, imágenes y bullet points. Se detalla de forma general cuáles son los hitos en esta planificación a largo plazo. Sigue leyendo

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Francia, modernización del estado con datos abiertos

Mediante decreto, el estado francés cuenta con nueva Secretaría General para la Modernización de la Acción Pública.

Tres agencias previas son unificadas bajo esta secretaría: DISIC (Departamento de sistemas de información y comunicación interministeriales), DGME (Dirección General de Modernización del Estado) y Etalab, la unidad creada hace un año y medio para incentivar la apertura de datos en el estado francés y responsable de la plataforma de datos públicos data.gouv.fr

Este impulso de reforma se enmarca en un año donde el nuevo gobierno se ha comprometido por la transparencia y provisión de datos. A la vez, funcionarios que previamente demostraron vocación por la apertura de información han asumido nuevos roles dentro del estado. No obstante, hay algunas dudas y exposición de contradicciones sobre cómo se ejecutarán las buenas intenciones o incluso si la reforma beneficiará al propio Etalab.

Con todo, me parece interesante la aproximación del estado francés. Una única agencia que se responsabilice de la modernización de procesos y que a la vez promueva acciones transversales para la reutilización de datos asegura – al menos a priori-una reforma desde una visión integral de gestión de información pública y transparencia.

Más información:

EPSI Platform: All French Government Open Data Efforts Under One Banner

01NET: Tout l’open data gouvernemental regroupé sous un même secrétariat

 

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